En el artículo se sostiene que las transformaciones educativas exigen compromisos individuales y acciones colectivas; también que en el marco de la ciudadanía y la justicia social se articula el debate sobre la inclusión en franca relación con las exclusiones. Este debate ha dado origen a la inclusión en la educación como un derecho que interroga a las complejas relaciones entre escuela e inclusión, como la base del ejercicio material de los derechos económicos, sociales y culturales, DESC, y como medio para hacer visibles los matices de la diversidad humana y escuchar la polifonía de sus voces. Por eso mismo, en los escenarios escolares se introduce el proceso de advocacy o abogacía como un mecanismo de exigibilidad política y jurídica de la educación inclusiva en clave de derechos. Esta alternativa exige pensar las articulaciones educativas en una institución resistente a las transformaciones.
