La existencia de inmuebles improductivos en cuanto a su potencialidad de uso es un problema central en las ciudades latinoamericanas, por que limitan la consolidación y densificación de la trama urbana, generando costos sociales. En este artículo analizamos los fundamentos jurídicos, urbanísticos y económicos que justifican la implementación de un impuesto que grave la tendencia de estos bienes en los municipios argentinos, con el fin de inducir cambios en las conductas y movilizar la oferta de suelo urbano. Planteamos que el cobro de este impuesto promoverá uso del suelo compatible con su función social y económica. También limitara el encarecimiento injustificado de la urbanización, que restringe el acceso al suelo y a la vivienda y desequilibra las finanzas municipales. Favorecerá la canalización de ahorros a inversiones socialmente más productivas que la inmobiliaria. Estos factores impactaran mejorando la competitividad local y la calidad de vida de la población, promoviendo el bienestar social.
