El reto es inmenso, la responsabilidad es muy grande, pues un estatuto docente que vale por los derechos la estabilidad, el salario, la formación, es un inmenso aporte a la educación de calidad, de igual manera el estatuto debe garantizar que la pedagogía indague, dialogue a cerca de las necesidades, esperanza y expectativas que se tejen entre la escuela y la sociedad. El derecho fundamental a una educación pública, gratuita, de calidad, sin intermediarios, financiada por el Estado, desde el Prescolar de tres grados hasta la Universidad, es posible, si fortalecemos y damos garantías al maestro como sujeto político y cultural para que desde su profesionalidad y su relación con la sociedad, se decida a derrotar la concepción de negocio y mercancía con que los devotos del mercado, incrustados en el aparato estatal, quieren manejar la educación.
