El autor cuestiona la puesta en marcha de un proceso de rendición de cuentas a través de pruebas diagnósticas a las que deberán someterse alumnos, docentes y centros. Esta iniciativa del Gobierno supondrá que el ámbito educativo deba claudicar ante las leyes del mercado, mientras se produce la progresiva de construcción de la escuela pública como consecuencia de la política de recortes que se cierne sobre el estado del bienestar.
