La escuela pública ha cumplido durante décadas un papel compensador de las desigualdades y ha actuado como mecanismo de cohesión social. Los procesos de privatización que se derivan del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa implican que la educación deje de considerarse un derecho para convertirse en una prestación. La privatización utiliza sutiles mecanismos para que se acepte como algo natural en las circunstancias actuales.
