La actual crisis de la educación superior nos demuestra ella no tiene principio de solución haciendo una reforma a la ley treinta de 1992 o creando una nueva ley; se requiere desarrollar una profunda reflexión de cara al país, en la que participen las fuerzas vivas, examinando las diversas propuestas de las organizaciones académicas y sindicales para concluir con una reforma constitucional, en la que la autonomía universitaria recupere su papel académico e institucional, la educación se eleve al rango de derecho fundamental. La financiación sea la adecuada y la realización de proyectos investigativos, respondiendo a las necesidades reales del país y que los recursos que se destinen a educación sean para mejorar la formación de los futuros profesionales; es esencial que la educación no sea un bien transable con la cual se comercia, la educación no debe ser una mercancía debe ser un derecho fundamental. Por esto debe ser prestado directamente por el estado en todos sus niveles.
