La tesis que aquí se expone sustenta que si la acreditación de las Facultades de Educación es una continuación del proceso de acreditación previa, y si esta última no es una acreditación voluntaria entre pares, sino un mecanismo que el Estado utiliza para otorgar licencias de funcionamiento a los programas, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, es muy probable que esta acreditación se convierta en un mecanismo para evaluar y hacer seguimiento a dichas licencias, y no para cumplir con las funciones de fomento a la calidad.
