El artículo asume como marco el ejercicio de la autonomía plena, por parte de lasa Universidades públicas y privadas. Esto supone una normatividad legal que, por estar orientada a la regulación de un derecho fundamental y un servicio público, reclama del Congreso la expedición de una ley estatutaria: una ley que debe garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de instituciones que deben cumplir sus objetivos, sin interferencia de los poderes públicos, pero articulada a la sociedad. Se propone un articiulado diseñado para desarrollar e tema de la institucionalidad desde la realización del derecho fundamental a la educación superior, en un marco de pleno respeto y garantía de la autonomía que se les reconoce constitucionalidad a las instituciones habilitadas para ofrecerlo.
