Uno de los principales puntos de conflicto entre el Estado y las confesiones religiosas es la regulación del derecho a la educación, y más concretamente de la enseñanza de la religión en la escuela pública. La legislación española en la materia ha evolucionado desde 1978 como consecuencia de las influencias de los ordenamientos jurídicos europeos y en especial de los ordenamientos jurídicos británicos. El mejor ejemplo de las influencias aludidas lo encontramos en la formulación de la enseñanza de la religión en la escuela pública operada a través de la Ley de Calidad, donde por primera vez se diseñó un sistema en el cual los alumnos pueden elegir entre estudiar enseñanza de la religión confesional, o de forma sustitutoria enseñanza de la religión aconfesional. La clave del sistema es la formulación de los principios de igualdad, libertad religiosa y no discriminación, es decir, la coherencia de la Ley de Calidad con el marco constitucional, de forma que, independientemente de la enseñanza por la que opten los alumnos, esto no suponga una discriminación o una vulneración de su derecho a la igualdad
