El 5 de julio de 1747, don Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo, gobernador a la sazón del Consejo de Castilla, elevaba a Fernando VI una consulta donde, subrayando el secular fracaso de las leyes reductoras promulgadas contra los gitanos, sugería la adopción de remedios extraordinarios1. Daba por sentado que todos los gitanos, delincuentes o no, eran sospechosos de serlo, y que normalmente lo eran por más que resultase difícil la prueba particular de sus presuntos delitos; debía sospecharse incluso de los sedentarizados y aplicados, pues con ese plausible comportamiento enmascaraban hipócritamente su colaboración efectiva en los actos delictivos de los demás. Tales presunciones de peligrosidad justificaban la aplicación indiscriminada de una medida preventiva de seguridad que separase de la sociedad a todo el grupo, clasificado a tales fines por edades y sexo.
