En Colombia, desde hace dos décadas, diferentes actores de la academia, la política y agentes gubernamentales, han planteado su intención de reformar y reestructurar a fondo el Estatuto Docente. En 1995, la famosa "Misión de sabios" inauguró una década de propuestas para reformar la educación; entre sus planteamientos de cambio incluyó algunas ideas destinadas a introducir modificaciones en el Estatuto Docente, la formación de maestros y las reglas que regulan la vida laboral del magisterio. Otro tanto hizo el Banco Interamericano de desarrollo (BID), que en el marco del neoinstitucionalismo propuso acabar con el Estatuto Docente y dejar en manos de los administradores de las instituciones educativas, el régimen laboral y salarial de los docentes. En simular sentido actuó el programa para la Reforma Educativa en América Latina (PREAL), que propuso flexibilizar las reglas del escalafón docente, relativizar los salarios e incrementar la evolución-control; planteamientos que formuló en un contexto de críticos a la existencia de escalafones que en los diferentes países de América Latina definen el ascenso con base en la formación y la experiencia de los maestros. Desde entonces, derogar el Estatuto Docente ha estado entre los objetivos centrales de los diferentes gobiernos de Colombia en estas dos décadas; de hecho, a través de la expedición de varias normas que directa e indirectamente afectan las condiciones laborales y el ejercicio de la enseñanza, el Estatuto Docente del decreto 2277 de 1979 ha sido objeto de un sistemático desmonte y debilitamiento.
