Ya era que la comunidad académica, principalmente el estudiantado, luchara nuevamente contra la nefasta política oficial para la educación superior pública luego de cuarenta años de recortes y reformas regresivas que la llevaron a su actual situación de crisis. Desde el año 1971 cuando se presenta el programa mínimo de los estudiantes colombianos que buscaba una financiación estatal adecuada para impulsar la gratuidad y verdaderos programas de bienestar, la autonomía contra la injerencia de los organismos multilaterales extranjeros, la democracia plena en el gobierno universitario ejercida por organismos con mayoría de profesores y estudiantes democráticamente elegidos y la promoción con recursos de diversa índole para una educación científica al más alto nivel en beneficio del pueblo y la nación colombiana, volvemos, luego de 40 años, a casi las mismas exigencias por la comunidad universitaria.
