La configuración de un espacio público de la memoria vinculado a la experiencia del terrorismo de Estado desarrollado en Chile durante la dictadura (1973-1990), se ha caracterizado por manifestar las luchas en torno a las versiones legítimas del pasado reciente, intentando concitar la adhesión colectiva a las versiones en disputa. Las memorias vinculadas a las violaciones a los derechos humanos han desarrollado un trabajo a través de acciones públicas dirigidas a poner en circulación un pasado que fue sistemáticamente negado por la dictadura, y que durante la transición democrática adquirió un estatus de realidad garantizado por el Estado. Marcas en el tiempo y en el espacio, tales como fechas y lugares, han contribuido a dar forma y hacer visibles; los horrores del pasado sin embargo en muchos casos estos emprendimientos han permanecido como acciones dirigidas a la propia comunidad de víctimas reconocidas por los informes de verdad. En este contexto, la recuperación y apertura de algunos ex centros de detención y tortura representan un camino distinto a la erección de memoriales en el marco de las políticas de reparación, pues en ellos se conjuegan diversos usos, y cada vez más la necesidad de convocar a diferentes experiencias del terrorismo de Estado que trascienden la vivencia de las situaciones límite ocurridas al interior de esos lugares.
