La comunidad académica nacional ha sido sorprendida en los últimos meses por una propuesta de reforma a la ley 30 de 1992 que regula el servicio público de la educación superior, presentada por la Ministra de educación para ser "Socializada", mediante debates, foros, mesas de trabajo y redes sociales y cuyo propósito fundamental es mejorar la calidad de la Educación Superior; de la misma manera como se había lanzado el "pacto por la calidad de educación básica y media": profusa difusión en los medios, reunión de lanzamiento con los rectores y funcionarios, entrevistas y una ofensiva publicitaria con el enunciado: " este es el gobierno de la calidad de la educación".