Podría pensarse que la venta del servicio educativo constituye una dimensión de la internacionalización necesaria en una época de economía global, con todas sus ambigüedades. Tanto las políticas públicas como la iniciativa privada y la conciencia crítica del mundo académico deberán, más que oponerse, crear los mecanismos para impedir los efectos perversos que traiga consigo
