La privatización de la educación tiene al menos dos formas de realización: a través de la transferencia de bienes y servicios públicos a la empresa privada, y de otro lado, por medio de la implementación de criterios y prácticas de carácter privatizador en las entidades estatales. Esta última cuenta con un acervo ideológico que equipara el Estado a un agente particular, que se despliega en las formas de dirección escolar, en los contenidos pedagógicos y en los parámetros de financiación con que operan las instituciones educativas públicas.
