La profesionalización de los educadores, que incluye su formación y sus condiciones de trabajo, es un elemento central de la calidad, uno de los grandes desafíos, una demanda y su derecho, a la vez que un prerrequisito para que las personas jóvenes y adultas ejerzan su derecho a una educación de calidad. Así lo destacan las conferencias internacionales de educación de adultos, Confinteas V y VI (Unesco, 1997 y 2009) en un contexto latinoamericano en el que la mayoría de educadores no cuentan con una formación específica en este campo educativo y ejercen su trabajo en condiciones precarias, muchos como "voluntarios", con retribuciones económicas muy bajas. Por lo mismo es un deber ético fortalecer y diseñar políticas y programas que enfrenten de manera integral su problemática (Campero, 2017).
