La nueva normatividad constitucional en materia de cultura y educación, debería ser el necesario marco de referencia para las políticas, planes y programas del Estado, del gobierno, para la misión de las universidades y el decurso de la sociedad colombiana en general, y para discernir nuevos conceptos como autoevaluación y acreditación. De allí que se indague el origen de este último mecanismo y los criterios bajo los cuales opera en otros países. Así mismo, sus relaciones con la denominada “cultura de la evaluación de resultados” de la gestión pública, que también por mandato de la nueva Carta política se ha puesto en marcha por el Estado, para todas las áreas de la actividad pública. Más que a conclusiones, se apunta hacia reflexiones sobre algunos temas que se soslayan con el modelo esencialmente instrumental de acreditación
