El 8 mayo de 2001 el Gobierno Nacional expidió el decreto 792 con el fin de establecer estándares de calidad para los programas académicos de pregrado en ingeniera. Antes de conocer el texto oficial, algunas noticias de la prensa armaron un verdadero alboroto en las comunidades universitarias del país, pero especialmente en aquellas en las que funcionan facultades y programas de ingeniería, como es apenas lógico. La desinformación y la confusión que se produjo en torno a la norma llevaron a pensar, de manera apresurada, que se eliminarían algunas ingenierías, que se afectaría por consiguiente a las personas que estaban estudiando alguna de ellas e, incluso, que no podría darse apertura al proceso matrículas en algunos programas.
