El marco de regulación de la relación entre las distintas confesiones, incluida la confesión mayoritaria, y el Estado colombiano está dado por la Constitución de 1991, en sus artículos: 1, 2, 7, 13, 18, 19, 42, 67, 68, que se ocupan, entre otros asuntos de importancia, de la igualdad de derechos con prohibición de discriminación por razones de pertenencia a una religión, del pluralismo y de las libertades de conciencia y culto, del control estatal de la educación, de la diversidad étnica y de la familia. Complementan este marco normativo: La Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato de 1993, que la sentencia de control de constitucionalidad C-027 de 1993, que declaró inexequibles (inconstitucional) algunos artículos de dicho texto legal, y la Ley 133 de 1994 o Ley estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos, que desarrolla el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este marco de regulación, entre Iglesia y Estado, ha sido etiquetado como de ¿postconcordatario¿, en alusión a la perdida de validez normativa del Concordato de 1973 en el ámbito de derecho interno, a causa de la sentencia de la Corte Constitucional C-027 de 1993. Esto conduce a la pregunta por la laicidad del Estado colombiano, tema del presente escrito.
