El proceso de transición pactada garantizó en Chile un proceso de doble signo: recuperación del sistema político democrático formal y continuidad del modelo instaurado por la dictadura. Condiciones socioculturales y políticas desplegadas a partir de una democracia de acuerdos y el desalojo de los movimientos sociales posibilitaron la pérdida de una de las características de movimiento popular chileno en las últimas tres décadas. El componente ético-político encarnado en la defensa de los derechos humanos fue desplazado como problema de la sociedad para convertirse en tema jurídico de los afectados. Este fenómeno remite a la existencia de un mecanismo de administración de la memoria social, regulación del conflicto y des-subjetivación que desembocó en dinámicas de impugnación y criminalización a la contestación social política en pos de la estabilidad del proceso.
