El arreglo institucional introducido por la Ley 100 es tan sofisticado como complejo, y ha sido reconocido nacional e internacionalmente por su creatividad y recursividad. No obstante, esta Ley suponía el efectivo funcionamiento de las entidades regulatorias del Estado, las cuales tenían la tarea de evitar paradojas y disfunciones dentro del nuevo esquema del sector salud.