Si bien es cierto que la Constitución introdujo importantes avances en materia de derechos y protecciones, así como en materia de servicios públicos domiciliarios, también es cierto que estableció una estructura estatal costosa y disfuncional, que no solo no logró la autonomía de las entidades territoriales, si no que hipertrofió la justicia, fortaleció el presidencialismo y afectó al Congreso.