Durante años, nos han dicho que la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz cumplía con el fin de reunificar a la familia salvadoreña. Lo que nadie nos dijo es que, por medio de esta ley, quedaba institucionalizada la impunidad y la injusticia para las más de 75 000 familias que perdieron a un ser querido. Al contrario de lo que su nombre indica, nada es más opuesto a la consolidación de la paz —en una sociedad tan golpeada por los vejámenes de la injusticia social y los estragos de un conflicto armado— que ocultar la verdad y, con ello, incumplir descaradamente, por parte del Estado, el deber de investigar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos. Ahora, dos décadas después, es tiempo ya de replantearnos, ser críticos y cuestionarnos si queremos justicia para las miles de víctimas o protección para los victimarlos. El mensaje es claro: pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Este artículo pretende ser un modesto aporte al debate planteado.
