En las últimas décadas, los organismos Internacionales han realizado una serie de diagnósticos de los sistemas de educación en América Latina de los cuales han resultado una serie de recomendaciones, tales como la implementación de currículos generales para la población, mayor autonomía para las instituciones y la creación e implantación de distintas formas de evaluación (Díaz Barriga, 2004). Con esto se han generado cambios a partir de los años 90 en La Leyes Generales de la Educación de los países y en las normativas expedidas en cuanto a la evaluación de la calidad de la educación a educandos, profesores e instituciones.
