La sociedad salvadoreña presenta características, cada vez más definidas de violencia. La estructura del país, constituida por las relaciones de producción económica, ha ido generando a lo largo de muchas décadas una serie de formas jurídicas, políticas y culturales que apuntalan un estado de tensión, de desquiciamiento del "orden" ideado y planeado por los fundadores de nuestra República.1 El proyecto democrático-burgués de los próceres que nos independizaron políticamente de España ha sucumbido al profundizarse al abismo entre las clases que detentan el poder del Estado y las clases trabajadoras convertidas en mero motor de la producción, riqueza a la que tienen acceso, en virtud de la dominación ejercida por quienes tienen los medios productivos y los controles coercitivos necesarios para imponer un status por sobre las contradicciones y fricciones de la base social de El Salvador.
