El establecimiento de una edad en la que el individuo acusado de un delito pueda tener la capacidad para asumir la responsabilidad penal de sus actos es un tema de gran debate, ya que no sólo implica establecer que al cumplir una edad determinada se deben asumir las consecuencias penales de las acciones delictivas, sino que también se trata de que los individuos inferiores a tal edad no deben ser juzgados penalmente, asunto que tiene implicaciones no sólo legales para el individuo y su familia, sino que además tienen repercusiones a mayor escala, ambas de gran importancia.
