La formulación de planes educativos por parte de organismos supranacionales como la Unesco, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Unión Europea, entre otros, está sujeta al complejo juego de fuerzas entre intereses económicos, agentes sociales y políticas publicas implementadas en distintas escalas de desición. En la lucha por garantizar el derecho a la educación, todos los gobiernos tienen que rendir cuentas de sus éxitos y fracasos sometiéndose a unas evaluaciones cada vez más rigurosas.