¿Cómo podemos hablar de impunidad cuando hay nueve imputados, incluso un coronel, cuando otros cuatro militares han sido acusados de delitos colaterales en el transcurso de la investigación y cuando el gobierno parece haber prestado una colaboración insólita al proceso judicial? ¿Tiene sentido la versión oficial que sostiene que la masacre fue un acto aislado? ¿Se puede descartar toda responsabilidad del alto mando y del gobierno en el caso? ¿El hecho de elevar a plenario a nueve militares será suficiente para acabar con este fenómeno tan profundo y generalizado de la impunidad? ¿O faltará todavía más? Es decir, hará falta reconocer más bien que se trata de todo un sistema con raíces institucionales muy profundas.
