El interés de este artículo estriba en ofrecer análisis de la tradición constitucional del país en cuanto a los derechos sociales, económicos y culturales. Tiene especial relevancia porque ha sido escrito después de haberse aprobado la nueva constitución. Por lo que respecta a la dimensión jurídica, el autor afirma que la actual guerra civil no puede atribuirse a la falta de una legislación adecuada porque la Constitución de 1950 y su casi textual copia de 1962 era instrumentos jurídicos casi perfectos, técnicamente irreprochables, en cuyas disposiciones estaba contenida la doctrina constitucional más moderna y universalmente aceptada. Así, pues, a nivel constitucional el Estado ha sido concebido como instrumento eficaz para conseguir el bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, los derechos del hombre deben ser el fin supremo del Estado. Pero no se trata de derechos abstractos, sino históricos. No se trata solo de declarar la igualdad jurídica, sino y sobre todo de realizar históricamente la solidaridad humana. Esto supone participar tanto en la producción como en la distribución de los bienes económicos sin lo cual no hay ni libertad individual ni económica ni política. El artículo parte de un enfoque teórico sobre el derecho constitucional y el Estado para el tema de los derechos sociales, económicos y culturales. En una segunda parte expone el tratamiento que las diversas constituciones han dado a tales derechos.
