La finalización de la guerra debía traer, al menos, dos importantes consecuencias. Primero, una drástica reducción de los graves hechos de violencia, a partir de la suspensión total de los actos considerados como infracciones al derecho internacional humanitario, incluyendo la muerte de civiles; y, segundo, la interrupción de las políticas de exterminio impulsadas por las partes, respecto de sus presuntos “enemigos” reales o ficticios, “traidores”, delatores, base social, etc. que habitaban determinadas zonas. Sin embargo, las ejecuciones arbitrarias documentadas por las organizaciones no gubernamentales durante 1992 superan en 52 la cifra de víctimas de 1991, que alcanzó un total de 96. Por lo tanto, el respeto de los derechos humanos no está garantizado aún.
