El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, abruptamente aprobado en la Asamblea Legislativa, se fundamenta en un constructo ideológico neoliberal y en una reforma al Art. 110 de la Carta Magna. Magaña fustiga el débil basamento constitucional del anteproyecto, planteando que, más allá de cualquier sustentación legal, el documento responde abiertamente a los intereses del gran capital salvadoreño y al de las trasnacionales.
