El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad social de los trabajadores. Este principio constitucional, y todo el andamiaje que lo sustenta en la legislación secundaria, es violado, como lo sostiene este artículo, por la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, que es sólo una de las iniciativas abiertamente inconstitucionales comprendidas en el plan de modernización y privatización impulsado por el gobierno
