Según el estudio Activa-IUDOP, en el gran San Salvador se producen alrededor de 1 400 muertes violentas al año, de las cuales el 49.7 por ciento son causadas por armas de fuego. Dentro de este contexto surge la nueva ley de armas que, desde su nacimiento, ha necesitado de reformas. En este artículo, los autores hacen algunas observaciones respecto a esta ley y las agrupan en tres niveles: el jurídico, el de política criminal y el que denominan educativo simbólico. El aporte de la nueva ley al necesario combate de la violencia imperante puede desde ahora calificarse como mínimo, cuando no nulo.
