Hasta ahora, las víctimas de la violencia --del pasado y del presente-- siguen siendo las eternas olvidadas por un "proceso de paz" que se tambalea. El pasado 27 de mano, la UCA entregó a la FGR la denuncia penal contra un civil y seis militares con el fin de establecer plenamente todas las responsabilidades en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos humildes mujeres, ocurrido el 16 de noviembre de 1989. Si no es posible investigar hechos criminales del pasado y brindarle justicia a las personas afectadas que la exigen, El Salvador aún no merece presentarse como un país en paz, democrático, respetuoso de los derechos humanos y reconciliado.
