Durante las dos últimas décadas, el campo salvadoreño se ha ido poblando de lotificaciones ilegales, entre las cuales es difícil distinguir los asentamientos construidos al calor de los acuerdos de paz y el Programa de Transferencia de Tierras. Al iniciarse el siglo XXI con dos impactantes terremotos, el panorama de la vivienda es radicalmente diferente, pues estos pusieron al desnudo las limitaciones de la acción gubernamental que se caracteriza por los vacíos de la política de vivienda actual para este sector y el desfase de la institucionalidad responsable del mismo. Por esta razón, el autor de este artículo considera que el análisis integral de esta problemática exige la observación de sus múltiples dimensiones y las contradictorias relaciones entre las mismas.
