En El Salvador murieron unas 70 mil personas, un buen número de ellas civiles, en un conflicto armado que duró doce años. Fueron víctimas de torturas y asesinatos, así como de otras graves violaciones a los derechos humanos de sacerdotes, religiosos y religiosas, líderes sindicales, estudiantes y población civil. Frente a esa historia de sufrimiento se levanta, en contraposición, una historia oficial, que articula una narrativa que desconoce ese sufrimiento, lo niega o lo presenta de manera que queda descalificado o denigrado (Gaborit, 2002). Esta historia oficial reclama, a través de imágenes publicitarias y comunicados oficiosos, una única versión de los acontecimientos, que se considera indispensable para la continuación de la vida política, social y cultural del país. Esta versión es considerada por el Estado como única, verdadera e imprescindible para la reconciliación nacional, aunque esté, efectivamente, amparada en la impunidad y tenga como finalidad su perpetuación. Por el contrario, la memoria de estos eventos colectivos, desde la óptica de las víctimas, tiene como finalidad primera fundamentar el derecho a la verdad, ya que la falsedad destruye cualquier tipo de identidad, así como la integridad moral y cultural de las comunidades. La reparación social que emana de ese derecho fundamental a la verdad, busca reconstruir las relaciones grupales e interpersonal es dañadas por la mentira oficial, que orquesta el silenciamiento de las voces de las víctimas y del sistema jurídico que les debería amparar, al tiempo que coadyuva para la reconstrucción de un tejido social pervertido, por el reclamo oficial de “perdón y olvido” o la argumentación de la debida obediencia (Orellana, 2002).
