Este artículo hace un análisis sobre el sistema penal salvadoreño, el cual tiene como base un nuevo proceso penal, diseñado como formalidad legitimante, dentro del cual la policía, la fiscalía y los medios de comunicación escogen y determinan quiénes serán imputados y condenados como delincuentes. El señalamiento criminalizador lo efectúa la policía y la fiscalía, y se realiza diferencialmente sobre grupos vulnerables, calificados en general por su pobreza o por falta de protección política. La administración de justicia no pende de los jueces; estos están situados al final del camino que conduce a la prisión. El señalamiento criminalizador es producto de la policía-fiscalía; y se ejecuta de manera diferencial en las asociaciones vulnerables.
