La sociedad de la información avanza rápida y penetrante en todo el mundo; El Salvador no es la excepción. Ello trae consigo ventajas, sobre todo en lo que se refiere a la capacidad de almacenamiento y transmisión de grandes cantidades de información a velocidad impensable hace años; o también a la posibilidad para comerciar y realizar trámites a través de Internet. Sin embargo, el uso inadecuado de las tecnologías de la información y las comunicaciones conlleva amenazas potenciales para los derechos de los individuos, quienes ven cómo su información personal se distribuye en ámbitos geográficos que, por supuesto, exceden el suyo. Esto implica la pérdida de control del uso que se da a esa información, su des-tino y de las entidades —públicas o privadas, físicas o jurídicas— a las cuales está dirigida.
