En los últimos años, se ha dado un debate polémico en El Salvador sobre la existencia, alcance y magnitud del fenómeno del desplazamiento forzado en el país. La relación entre violencia y movilidad humana se ve reflejada en una serie de indicadores directos e indirectos de diversas fuentes esta-tales y no estatales. Ante la carencia de un sistema de registro adecuado y exhaustivo a escala nacional, estos indicadores son una aproximación a la dimensión del problema del desplazamiento en El Salvador. El despla-zamiento forzado es uno de los efectos más devastadores de la violencia generalizada y una manifestación extrema de ineficacia de las políticas de seguridad y la ausencia de un sistema nacional de protección efectiva, lo cual incluso señala grandes desafíos para la gobernabilidad democrática del país. Es urgente el reconocimiento de que la responsabilidad primaria en materia de protección es del Estado. El abordaje para la asistencia a las víctimas y la respuesta a los desplazamientos deben ser la piedra angular para la consolidación de una estrategia de seguridad democrática que genere mayores niveles de confianza en la ciudadanía y entre la ciudadanía y las autoridades. Así, como en la experiencia colombiana, un compromiso nacional con la atención a las víctimas de desplazamiento y violencia podría ser en El Salvador un paso importante hacia la cons-trucción de paz en el país.
