La incorporación de la institución familiar en el articulado normativo
constitucional colombiano de 1991, ha significado el reconocimiento
de una protección especial a la familia en tanto desempeña
un papel fundamental en la configuración del entramado social. Es
por ello que el abogado de familia, en el marco de una gestión profesional
socialmente responsable, habrá de propender por la generación permanente de actuaciones estratégicas o de alto impacto en
beneficio de la armonía y la unidad familiar, las cuales abunden en
garantías para la convivencia pacífica en procura del interés social
antes que el particular.
